Ni se adelantará la escolarización ni se alargará la vigencia de los conciertos educativos, como sí hará Madrid para evitar los efectos de la ley Celaá. La Consejería de Educación y Deporte descarta, por ahora, tales medidas en pleno polémica por la reforma, que de nuevo ha sido motivo de declaraciones. El consejero del ramo, Javier Imbroda, ha salido este martes al paso de las informaciones que apuntaban a una fractura en el Gobierno andaluz a la hora de afrontar la Lomloe. Una divergencia evidenciada el pasado lunes, cuando el titular de Educación hablaba de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central a la hora de desarrollar la ley en Andalucía –siempre respetando la libertad de elección de los padres y la cultura del esfuerzo–, mientras que a última hora desde Presidencia se elevaba el tono y se aseguraba que la Junta desarrollará al máximo sus competencias para evitar los “efectos negativos” de la octava reforma educativa de la democracia.

Lo que está claro es que los conciertos mantendrá su periodo de vigencia y el proceso de escolarización continuará en su fecha habitual, del 1 al 31 de marzo, por lo que en esta comunidad no se adelantará, como anunció el presidente de los populares, Pablo Casado, que se haría en todas las autonomías gobernadas por su partido. Tal es el caso de Madrid, aunque la ministra de Educación, Isabel Celaá, desmintió tal extremo, al asegurar que en años anteriores la resolución para este proceso se firmaba en diciembre.



A preguntas de los periodistas tras el consejo de gobierno de este martes, Imbroda ha asegurado que no se ha producido ninguna división entre el PPy Cs a la hora de abordar esta cuestión. “Sólo ha habido diálogo”, ha matizado el consejero, para “clarificar cuestiones” y estar “totalmente alineados” como Ejecutivo en la oposición a una ley de Educación estatal que “nace sin consenso”. “Ha habido una falta de diálogo no sólo con las autonomías, sino con la propia comunidad educativo”, ha enfatizado Imbroda.

El titular de Educación ha hecho tales declaraciones junto a Elías Bendodo, consejero de Presidencia, cuyo departamento transmitió la noche del lunes un mensaje de calma a las familias de la enseñanza concertada al garantizar que el actual decreto de escolarización (que entró en vigor el pasado marzo) preserva el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Sin embargo, ese decreto no parece ser suficiente para quienes integran la plataforma Más Plurales, que ya se ha echado a la calle contra la Lomloe.

Uno de los motivos que sustenta el temor de estas familias es el hecho de que en enero de 2021 se abrirá el plazo para la solicitud y renovación de los conciertos en Infantil, ESO y FP (excepto en Primaria, que es cada seis años). Un procedimiento del que depende la oferta educativa que se presente en marzo y que muchos padres temen que pueda verse afectado por la nueva ley.

La Consejería de Educación disipa estos temores y asegura que la Lomloe no incidirá en dicho proceso (cuya resolución se firmará la próxima semana) porque, entre otros motivos, resulta muy complicado que la normativa estatal se encuentre vigente para tal fecha, ya que requiere de un desarrollo autonómico en el que Imbroda sí espera contar con la “lealtad” del Gobierno central.

Educación descarta ampliar el plazo de vigencia de los conciertos, como hará la Comunidad de Madrid, que los prolongará hasta los diez años. En Andalucía seguirán siendo de cuatro y seis.

Nueva protesta de la concertada contra la Lomloe

Escuelas Católicas, Cece, Fsie Andalucía, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas en la plataforma de concertados Más Plurales, que representa a más de 600 centros, 20.000 profesores y 150.000 familias, entregarán este miércoles, a las 12:00, un manifiesto en la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en la Plaza de España de Sevilla. En el mismo acto se pedirá, como han hecho las últimas semanas, la paralización inmediata de la Lomloe. Asimismo, instarán a todos los grupos políticos a que no se apruebe esta semana en el Senado, tras haber superado el trámite en el Congreso.

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