El pasado 1 de diciembre, el BOE publicó dos reales decretos para la concesión directa de subvenciones para la atención y acogida de “los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. Uno contenía ayudas por valor de diez millones para Canarias y el otro contemplaba la cesión de casi 6,5 millones de euros para Ceuta y Melilla. No se aprobó ningún decreto análogo para Andalucía a pesar de que en los servicios de acogida de la comunidad había, a fecha de septiembre, 3.112 menores extranjeros no acompañados frente a los 1.063 que había en Melilla, los 770 de Canarias y los 620 de Ceuta. 

Esta situación ha llevado a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que dirige Rocío Ruiz al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es decir, al departamento que dirige Pablo Iglesias, para reclamar “ayuda” para seguir atendiendo a estos menores después de haya dejado de llegar dinero estatal para esta materia. En una carta firmada por Antonia Rubio, directora general de Infancia, reclama al Gobierno central que articule ayudas similares para Andalucía, que es, desde hace años, la región que acoge a un mayor número de estos menores. 



El Gobierno central transfirió a Andalucía 26 millones de euros para este concepto y ya en febrero la Junta anunció que tendría que asumir la atención a estos menores sin apoyo estatal. Andalucía dedicó 4,7 millones en el primer trimestre a este concepto, según explicó entonces el portavoz de la Junta, Elías Bendodo. “Andalucía es tierra de acogida, tal y como viene demostrando desde hace muchos años”, explica Rubio en su carta al Ministerio en la que también pide que atienda “a la menor brevedad posible” su petición y articule una subvención para colaborar en la atención a los menores extranjeros que viven en Andalucía. 

En total, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación gastó 18.600.188 euros en “dispositivos específicos” para atender a menores extranjeros “en un año anómalo con menor incidencia de llegadas” por la pandemia, explican desde el departamento de Rocío Ruiz. “Y eso sin contar con los que tenemos repartidos en centros propios y concertados”, apostillan.

La carta enviada por el departamento de Rocío Ruiz tiene fecha del 10 de diciembre, pero la Junta podrá abordar la situación este viernes en la reunión de la Comisión Delegada de Servicios Sociales del consejo territorial del ramo. El motivo del encuentro extraordinario es abordar la situación de los menores migrantes llegados a Canarias en el último semestre de este 2020, cuando los flujos migratorios hacia las islas se han multiplicado de forma exponencial. La propuesta del Gobierno central es que las comunidades pongan en marcha una “acogida solidaria” de estos jóvenes no acompañados y en la Junta apelan a esa “línea de solidaridad” reclamada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que el trato a Andalucía sea equiparable. 

El Gobierno de la Junta aprovecha así el clima propicio, esa “línea de solidaridad”, pero su reclamación de fondos para atender a los menores extranjeros no acompañados es muy anterior a la oleada de migrantes que está llegando a Canarias últimamente. La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha reclamado en una decena de ocasiones una subvención equiparable a la que llegó en 2019. Aquella ayuda respondía al aluvión de pateras que llegó a las costas andaluzas en 2018 y es cierto que el número de inmigrantes que desembarcan en la comunidad se ha reducido de forma paulatina desde entonces. Sin embargo, la comunidad sigue siendo la que más menores atiende en su servicio público de acogida. 

“Con buen criterio, se ha considerado que hay que apoyar [a Canarias, Ceuta y Melilla], pero Andalucía también es frontera de la UE y es la comunidad con mayor número de menores extranjeros no acompañados”, expone la directora general de Infancia de la Junta en su misiva, aunque reconoce que la cantidad absoluta de menores ha ido descendiendo de forma paulatina desde la crisis de 2018.

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