La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene casi lista la prestación que sustituirá a la Renta Mínima de Inserción Social. La norma puesta en marcha por el Gobierno de Susana Díaz en 2018 cambiará su denominación en los próximos meses para adaptarse al Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado por el Gobierno central y atender a los colectivos a los que la ayuda estatal no llega y, de paso, mejorar su funcionamiento. La nueva prestación se llamará Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII) y busca, y tendrá entre sus objetivos principales la reducción de la pobreza infantil, una de las carencias señaladas por organizaciones como Save the Children y Unicef en otras ayudas.

La previsión inicial, todavía precoz, es que la ayuda llegue a 95.000 o 100.000 personas a partir de un presupuesto de 135 millones de euros. Esa cantidad, que es en realidad una estimación, parte del montante ejecutado en 2019 –el último año con registros– en la Renta Mínima de Inserción Social. Esta iniciativa, que venía a sustituir al antiguo salario social, se encontró con multitud de trabas y retrasos por la falta de trabajadores públicos dedicados a su tramitación, aunque la situación mejoró en 2019 tras añadir Igualdad empleados de refuerzo.



El ingreso estatal ha acabado forzando una remodelación que ya se ha aprobado en regiones como Canarias, pero que en Andalucía no se aprobará hasta que no finalice el trámite parlamentario del IMV. Según explican desde la consejería, este retraso busca adaptarse al máximo a la norma estatal, pero también es una forma de atender a todos aquellos beneficiarios de la prestación andaluza que todavía no han recibido la ayuda estatal, ya que para poder aprobar el Ingreso por la Infancia y la Inclusión hay que derogar antes la renta mínima. A fecha de octubre, ocho de cada diez peticiones del IMV en la comunidad estaban sin resolver, según datos del Ministerio de Inclusión. Para paliar estos retrasos, la Junta declaró que los peticionarios del IMV podrían seguir cobrando la renta andaluza hasta que no recibieran la ayuda estatal para evitar dejar a estar personas sin cobertura.

Una vez que se salven estos obstáculos burocráticos, echará a andar el nuevo ingreso autonómico, que será una prestación mensual para aquellas “unidades de convivencia” sin recursos o con recursos insuficientes y durará, inicialmente, un año, aunque podrá renovarse si las condiciones se mantienen.

Esta ayuda será subsidiaria a cualquier otra prestación y estará asociada a un itinerario de inserción laboral o educativo. En su intención de ser un complemento al IMV, podrán beneficiarse los menores ex tutelados por la Junta de Andalucía, que hasta ahora no podían acceder a ayudas de este tipo. También podrán recibirlo personas de entre 18 y 22 años desempleadas que tengan a su cargo menores o persona adultas con discapacidad o dependientes, discapacitados con un grado superior o igual al 33%, huérfanos de cambios progenitores, personas sin hogar con vecindad en la comunidad o víctimas de trata y violencia de género. Como forma excepcional, podrán beneficiarse también algunos menores de 16 y 17 años emancipados que estén estudiando, algunas menores embarazadas y mayores de 65 años que tengan menores a su cargo por una guarda o un acogimiento y que no reciban ayudas por ello.

Al ser una prestación subsidiaria de cualquier otra, es necesario que quien la solicite haya recibido el rechazo en su petición del IMV y, además, esté empadronado en Andalucía un año antes de su petición, aunque esto no es indispensable para determinados colectivos, como las víctimas de trata o violencia de género, los emigrantes andaluces retornados o las personas sin hogar. No es necesario tener ingresos cero para recibir la ayuda, pero el montante se puede reducir si aumenta la cantidad de dinero que entra en el hogar en el proceso de inserción laboral.

Para evitar retrasos en la tramitación, el departamento de Rocío Ruiz tiene por objetivo acompasar al máximo esta ayuda con la estatal, por lo que utiliza los mismos parámetros para evaluar a los posibles beneficiarios, es decir busca una mayor interoperabilidad. Además, hay un convencimiento de que la plantilla de técnicos que se dedica a estas labores están formados, pero en caso de que sea necesario algún tipo de curso adicional se organizará con la colaboración del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). Hoy la Consejería de Igualdad celebra un encuentro técnico con sindicatos y otras organizaciones del sector de las políticas sociales para presentarles la nueva prestación y incluir sus peticiones al respecto.

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