Bernat Soria reclama 43 millones a la Junta por despido nulo y derecho sobre patentes

El juzgado de lo Social 3 de Sevilla celebró esta semana el juicio por la demanda del ex ministro de Sanidad Bernat Soria, que reclama a la Junta de Andalucía un total de 43 millones de euros por despido improcedente del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), daño moral y por su derecho sobre diez patentes que se registraron durante su etapa.

Soria trabajó para la Fundación Progreso y Salud (FPS), dependiente de la consejería de Salud de la Junta, a partir de 2005. Dejó el puesto durante su etapa como ministro de Sanidad socialista (2007-2009) y regresó a Andalucía tras su cese y hasta su despido definitivo en mayo de 2019, bajo el nuevo gobierno andaluz de PP y Ciudadanos.



El científico reclama 300.000 euros por despido nulo y, subsidiariamente, improcedente, pues lo considera consecuencia de un acoso y persecución personal. Incluye en su reclamación 2,7 millones por daño moral y 40 millones de euros por los derechos sobre diez patentes que se registraron durante su etapa referentes al diagnóstico de enfermedades como la fibrosis hepática y la enfermedad celíaca o un procedimiento para la obtención de células productoras de insulina.

El juicio se desarrolló en dos sesiones los días 16 y 18 y quedará visto para sentencia cuando el juzgado reciba una documentación pendiente, según informan a este periódico fuentes del caso.

En el juicio declararon 15 testigos de los 20 citados, entre ellos Javier Montero, director de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Junta; Ana Madera, directora gerente de la Fundación Progreso y Salud desde 2015, y el administrador concursal de una empresas de Bernat Soria.

La defensa del ex ministro argumenta que Soria no desarrollaba ninguna labor profesional incompatible con su trabajo para la Fundación. Ésta, por su parte, argumenta que el despido fue consecuencia de un  expediente informativo abierto cinco meses antes por el gobierno de Susana Díaz por un posible conflicto de intereses al compatibilizar su labor con empresas dedicadas al mismo objetivo de terapia celular.

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