Desmantelados en la Axarquía dos depósitos ilegales de escombros de construcción y demolición

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga llevaron a cabo la clausura de dos vertederos ilegales en las localidades de Torrox y Algarrobo. Estos vertederos recibían residuos de construcción y demolición, así como otros residuos peligrosos de toda la comarca oriental malagueña.

La operación 'Cover' se inició como parte de las actividades continuas realizadas por el Seprona en la provincia de Málaga para abordar el problema ambiental generado por estos tipos de residuos debido a su tratamiento inadecuado. Entre los impactos ambientales causados destacan la contaminación de suelos y acuíferos, el deterioro del paisaje y la eliminación inapropiada de estos residuos sin aprovechar sus recursos.

En Torrox, se descubrió un vertedero donde se depositaban indiscriminadamente todo tipo de residuos en una parcela de 6.328 metros cuadrados, acumulando un total de 36.000 metros cúbicos de residuos sólidos. Por otro lado, en Algarrobo, se encontró un vertedero con 87.300 metros cúbicos de residuos, emitiendo fuertes olores y ruidos debido a la inestabilidad de los residuos.

Además, se identificó un riesgo para la seguridad de los trabajadores y personas que frecuentaban las zonas colindantes debido a la presencia de una torre de electricidad activa semienterrada en medio de los residuos. En total, se estima que se vertieron más de 123.000 metros cúbicos de residuos en estas dos zonas, con la posible llegada de más de 24.000 camiones en los últimos diez años.

La Guardia Civil investigó a 14 personas implicadas en esta gestión ilegal, con beneficios estimados en más de 2.400.000 euros. Los hechos fueron denunciados ante la Junta de Andalucía, que ratificó las medidas tomadas por el Seprona y procedió a la apertura de expedientes sancionadores. Se continúa investigando el impacto ambiental causado por estos vertederos para determinar posibles delitos medioambientales.

Esta actuación refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra la degradación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, así como en la persecución de prácticas ilegales que ponen en peligro la salud y seguridad de las personas.

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