El Pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Málaga rechazó la moción urgente del PSOE, por 16 votos en contra –PP, Cs y edil no adscrito–, de instar al equipo de gobierno y Smassa a que elimine el SARE de Huelin de manera inmediata y a supeditar mediante consulta ciudadana cualquier nueva creación de zona azul en las calles de la ciudad.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, incidió en que será una prueba de seis meses: “Es una fórmula respetuosa, nada totalitaria. De esa forma se prueba de verdad y si no funciona se retira, pero se tendrá que probar si es eficaz y no solo en teoría”.
El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, acusó al alcalde de “mentir”: “No solo no iba a parar lo que es un clamor ciudadano en la barriada de Huelin; para echarle más hierro al asunto sigue con su intención, faltando a su palabra, de poner SARE en la zona de Cruz de Humilladero”. También criticó el “afán recaudatorio”. “Cuando un alcalde no escucha a los vecinos es un mal alcalde”, ha advertido, al tiempo que ha añadido que, a su juicio, el regidor “no es capaz de gestionar la ciudad”.
El alcalde, en segundo turno, respondió al portavoz municipal del PSOE, al que acusó de ser “demagogo” y de “mentir”. Así, insistió en qué “mejor consulta ciudadana que la puesta a prueba”. “Es una fórmula respetuosa, ofrecemos, no imponemos”, defendió.
Es más, explicó que se está estudiando que durante esta prueba los residentes no paguen “ni siquiera ese euro semanal”, rechazando el afán recaudatorio y recordando que se tienen las tarifas más baratas.
El concejal de Movilidad, José del Río, insistió en que se pone en marcha en Huelin y Cruz de Humilladero el Sare en forma de prueba y por seis meses. Por último, destacó que la medida no es “ideológica, es con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos y comerciantes”.
Eduardo Zorrilla, portavoz municipal de Adelante, criticó al equipo de gobierno que “no consultan por una sencilla razón y es porque tienen un objetivo y un plan para llegar a ese objetivo, y hoy por hoy, el objetivo es recaudar”. A juicio de Zorrilla, “no han querido consultar porque saben el rechazo que tiene”.
La portavoz municipal de Cs ha incidió en que sean los técnicos los que valoran si es útil o no la medida pero ha rechazado el afán recaudatorio de la misma, insistiendo en que “es reversible. Se analiza pasados los seis meses y si es un fracaso hay que obrar en consecuencia”.
Por último, el concejal no adscrito Juan Cassá también fue crítico con el portavoz socialista, que le dijo que trae “testimonios concretos, eso no quiere decir que hable todo el barrio”, asegurando que “hay muchos ejemplos de zonas azules que han funcionado muy bien”. Por último, ha acusado a Pérez de que con las críticas al alcalde, que “se alejan totalmente del debate de lo que estamos hablando, una vez más viene a montar un teatrillo”.
Por otra parte, el Pleno aprobó manifestar su rechazo a la futura Lomloe, conocida como Ley Celaá, aprobada el pasado 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados, “por carecer de consenso, fomentar la división, vulnerar la libertad de las familias para elegir centro y perjudicar la enseñanza en castellano” y también mostrar apoyo a la enseñanza concertada, “cuya convivencia con la pública ha demostrado ser un modelo de éxito”. En concreto, los dos puntos de la moción urgente de Ciudadanos fueron aprobados por 16 votos a favor –Cs, PP y edil no adscrito– y 15 en contra –PSOE y Adelante Málaga–.
Fondo estatal incondicionado de como mínimo 3.000 millones para ayuntamientos
El Pleno aprobó por unanimidad instar al Gobierno a aprobar un fondo estatal incondicionado que como mínimo esté dotado de 3.000 millones para todos los ayuntamientos españoles y un fondo de carácter específico de, al menos, 400 millones de euros para la financiación del transporte municipal, tal y como recogía el anterior borrador de decreto.
De igual modo, de la moción urgente presentada por el grupo municipal popular también salió adelante por unanimidad solicitar la participación de las entidades locales en el Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la UE mediante la gestión directa de parte de los 140.000 millones de euros que España recibirá con cargo a dicho fondo, así como que la participación sea al menos del 14 por ciento, que es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España.