La adenda tercera del pacto antitransfuguismo planeó durante un mes sobre el Parlamento de Andalucía, el tiempo que se alargó el proceso de expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines del grupo Adelante Andalucía. Lo cierto es que esta entente sirvió para desbloquear la situación a la izquierda del PSOE en la comunidad, pero fue una iniciativa impulsada por la dirección de Ciudadanos en Madrid. Durante este debate, en el entorno de Unidas Podemos por Andalucía -que así se llama ahora la coalición entre IU y Podemos en la comunidad- siempre señalaban la importancia del papel de los naranjas en este polémico proceso.
Vox, aunque no ha llegado a firmar el acuerdo nacional, y el PSOE nunca se movieron de la postura inicial de expulsar a Rodríguez y los suyos del grupo, como tampoco IU-Podemos. El PP reclamó una y otra vez la necesidad de contar con más avales jurídicos, pero dentro del partido había convencimiento de las normas incluidas en el pacto debían prevalecer. En Ciudadanos había más dudas, sobre todo en el ámbito cercano al vicepresidente de la Junta y líder andaluz, Juan Marín. Esta postura la compartía Marta Bosquet, jefa del Parlamento y muy próxima a Marín. El vicepresidente de la Junta, en una entrevista a Okdiario en noviembre, fue tajante: “Teresa Rodríguez no es una tránsfuga”.
De los votos naranjas dependía, en buena parte, el futuro de Rodríguez y la posterior adaptación del pacto al reglamento de la Cámara. Pero la situación no se aclaró hasta que la dirección de Inés Arrimadas dio la orden. La presidenta del partido, cuestionada ahora tras la fallida maniobra de Murcia y el batacazo catalán, obligó a los miembros que Ciudadanos tiene en la Mesa -la propia Bosquet y Julio Díaz, muy cercano a Marín- a acatar el pacto y acabar expulsando a Rodríguez.
Con la salida de la ex líder de Podemos de su grupo se sentó un precedente que ahora debe refrendarse en la reforma del reglamento del legislativo. Pero hay que recordar, pase lo que pase con el grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, que el pacto antitransfuguismo establece que, mientras el acuerdo se traspone en las normas autonómicas, los criterios que establece son de obligado cumplimiento. Otra cosa es lo que haya sucedido con este acuerdo nacional después de que el PP lo haya ignorado en Murcia para salvar el Gobierno de Fernando López Miras con tres ex diputados de Cs que, siguiendo los preceptos del mencionado pacto, encajan como un guante en la definición de tránsfugas.