El Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este martes la ampliación del número de delegados en las provincias, de modo que de los seis actuales pasarán a ser 10. Este aumento de altos cargos se llevaba tiempo gestando en San Telmo, donde se enfrentaba la antigua concepción del PP de que la proliferación de delegados provinciales era una mala práctica del PSOE que había que eliminar con la ineficacia de concentrar funciones tan diversas como las de Educación e Igualdad en una sola persona. El nombramiento de nuevos cargos también evidencia una lucha de poderes dentro del Consejo de Gobierno.
A principios de este año, el Gobierno andaluz creó dos puestos más en cada provincia, la de los coordinadores de Medio Ambiente y de Justicia. No fueron delegados provinciales (territoriales es el nombre), pero venían a aliviar la concentración de funciones de los delegados de Agricultura y Medio Ambiente, al desgajar las competencias en dos personas, y se creaba un coordinador de Justicia. Ahora, estos coordinadores pasan a ser delegados y se crean otros dos por cada provincia, los de Igualdad y Cultura. De este modo, el Gobierno del PP y de Ciudadanos se refleja en cada territorio con la misma estructura que los anteriores ejecutivos del Partido Socialista.
Atrapados por la dura oposición del PP a los delegados, el Gobierno de Juanma Moreno aseguró que la creación de estos puestos, que en total son 32, se haría a coste cero, un imposible ya que cada cargo implica, al menos, un secretario, un asesor y, en ocasiones, un conductor. Para argumentar mejor la propuesta se adujo que los nuevos delegados serían funcionarios, lo que también fue negado por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que argumentó que ella misma era funcionaria de la Junta y su anterior puesto había tenido que ser ocupado por otro empleado.
Y a todo eso se añadió que sólo serían las consejerías de Igualdad y de Cultura las que nombrarían delegados entre funcionarios. La consejera Rocío Ruiz, enfrentada con el vicepresidente Juan Marín en el seno de Ciudadanos, debería escoger entre funcionarios, por ejemplo, mientras su contricante político optaba por militantes del partido para puestos similares.
La reunión de viceconsejeros analizó el decreto de ampliación la semana pasada, por lo que este martes debería ser aprobado por el Gobierno. Será entonces cuando se sepa cómo se han encajado estas tensiones en el texto legal.
Vox, aliado parlamentario de PP y de Ciudadanos, se había opuesto a los nuevos delegados, por lo que en el acuerdo que firmó para respaldar los Presupuestos de 2021 se incluyó un punto por el que el Gobierno andaluz se comprometía a no crear más puestos de altos cargos. Es cierto que se especifica que eso ocurrirá a partir de 2021, por lo que es posible que el Ejecutivo esté aprovechando el hueco de los últimos días de diciembre.