El Tribunal de Cuentas (TCu) ha fijado un plazo de 10 días para que la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana presenten sus conclusiones sobre la posible responsabilidad contable de Carles Puigdemont, expresidente catalán prófugo, y otros 34 exfuncionarios de Cataluña en relación con el presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern.

La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha emitido una resolución en la que comunica el plazo establecido a la Fiscalía y a la acusación popular. Una vez recibidas las respuestas de ambas partes, el tribunal notificará a las defensas para que puedan hacer sus respectivos pronunciamientos.

Esta decisión fue tomada después de que en enero se rechazara la suspensión del procedimiento debido a la tramitación de una proposición de ley de amnistía que busca perdonar parte del ‘procés’, solicitud realizada por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros acusados de ERC.

A pesar de que se ha solicitado a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana presentar sus conclusiones, ambas partes ya se pronunciaron durante la vista del 17 de noviembre de 2023 e incluso presentaron informes antes de la fecha señalada.

En cuanto a las cifras, la Fiscalía reclama conjuntamente 3,1 millones de euros a los 35 encausados, una cantidad inferior a la estimación inicial del Tribunal de Cuentas que había previsto una responsabilidad contable de aproximadamente 9,5 millones de euros. Por otro lado, Sociedad Civil Catalana pide 5 millones de euros a 11 exmiembros del Govern incluidos en la lista de la Fiscalía.

Entre los 35 involucrados se encuentran Carles Puigdemont y el expresidente catalán Artur Mas, quien ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver más de 4,9 millones de euros a la Generalitat, más un millón en intereses, por la organización de la consulta independentista de 2014. También figuran exmiembros del Govern condenados por el Supremo, exconsejeros huidos y delegados de la Generalitat en el extranjero.

Además, la lista incluye nueve personas procesadas por un juzgado de Barcelona en relación con los preparativos del referéndum ilegal de 2017, entre ellos exfuncionarios como Joaquim Nim, Antoni Molons, Josep Ginesta y Albert Royo.

En resumen, el Tribunal de Cuentas continúa avanzando en el proceso para determinar la responsabilidad contable de los implicados en el desvío de fondos para el referéndum ilegal, solicitando ahora las conclusiones de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana para proceder con el siguiente paso legal.

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