Fernández solicita a la ministra Montero igualdad en la financiación de los ayuntamientos para garantizar trato justo.

La presidenta del Partido Popular y actual alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha declarado que, junto a otros alcaldes de la provincia de Málaga que representan más del 90% de los habitantes de la zona, han presentado una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En dicha carta, solicitan "un trato equitativo y un conjunto de medidas que favorezcan el municipalismo, proporcionando soluciones inmediatas y temporales" a los severos problemas de financiación que enfrentan los municipios.

Fernández ha enfatizado el esfuerzo constante de estos alcaldes por mejorar sus localidades, resaltando que "Málaga es una de las provincias con más dinamismo de España y no merece la indiferencia, ni de Montero ni de Sánchez, ni un desprecio más". Entre las peticiones que la presidenta ha planteado al gobierno nacional se encuentra la anulación de la deuda municipal de las entidades locales, similar a lo que se ha acordado con el Ayuntamiento de Jaén. Esta deuda ha surgido, en gran parte, "debido a la falta de recursos y a la asunción de competencias impropias impuestas por otras administraciones, sin mecanismos financieros que faciliten su operación sin comprometer recursos propios".

Además, desde el PP se propone incrementar el margen de uso de los remanentes de tesorería. Esto significaría romper con el actual enfoque que solo permite el aumento de la deuda a nivel estatal. Por lo tanto, el remanente generado por un ayuntamiento debería ser utilizado directamente por el propio ayuntamiento en lugar de ser transferido a otra administración. En el caso de Ronda, si se llevase a cabo esta solicitud, se podrían reinvertir más de 7,5 millones de euros en proyectos prioritarios demandados por la ciudadanía, como la licitación para la modernización del transporte público.

Otra de las demandas resalta la importancia de elevar la Participación en los Ingresos del Estado (PÍE) en un 5% para el año 2025, en línea con el aumento de la recaudación estatal en la provincia alcanzado en 2024.

Finalmente, se subraya la necesidad de prorrogar, o establecer de forma indefinida, los efectos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esto aseguraría que las inversiones financieramente sostenibles, financiadas con los remanentes de tesorería, no se contabilicen dentro de la regla de gasto.

Las autoridades locales persiguen, de este modo, una caja de herramientas que les permita afrontar los retos de gestión y atender las demandas de sus vecinos en una época de grandes desafíos económicos.

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