Gobierno de Sánchez asigna menos recursos a servicios públicos

La infrafinanciación de Andalucía, un tema que ha sido abordado por el Partido Popular de Ronda, que ha revelado que la comunidad autónoma pierde anualmente 1.522 millones de euros. Según la presidenta de los populares rondeños y alcaldesa, María de la Paz Fernández, esta situación genera una gran injusticia entre los territorios y puede aumentar aún más.

La realidad es que Andalucía recibe 3.182 euros por habitante, lo que es 183 euros menos que la media nacional, que es de 3.365 euros. Además, un andaluz recibe 214 euros menos que un catalán y 773 euros menos que un riojano. Esta desigualdad no solo afecta a la economía, sino también a la sanidad y la educación.

La vicepresidenta del PP de Málaga y parlamentaria andaluz, Daniel Castilla, ha advertido que si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con su plan de cambiar la financiación autonómica, Andalucía perderá 6.000 millones de euros más. Esto es un golpe adicional para la comunidad autónoma, que ya ha sufrido años de infrafinanciación.

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha destacado que con 1.522 millones de euros podrían contratarse 30.000 profesionales sanitarios más, construir 21 hospitales comarcales o 215 centros de salud totalmente equipados. En educación, se podrían contratar 15.000 docentes, hacer gratuito el primer ciclo de Educación Infantil y reformar 800 colegios.

La infrafinanciación de Andalucía no es solo un tema económico, sino también un tema de justicia y equidad. Es injusto que una comunidad autónoma como Andalucía, que tiene una población de más de 8 millones de personas, reciba menos recursos que otras regiones. Es hora de que se tome medidas para equilibrar la financiación autonómica y garantizar que todas las regiones tengan los recursos necesarios para desarrollar sus propias políticas públicas.

En conclusión, la infrafinanciación de Andalucía es un tema que afecta a la economía, la sanidad y la educación de la comunidad autónoma. Es hora de que se tomen medidas para equilibrar la financiación autonómica y garantizar que todas las regiones tengan los recursos necesarios para desarrollar sus propias políticas públicas.

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