Carlos Rodríguez Sierra, director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta, ha respondido a las quejas de algunos sindicatos afirmando que las listas de reserva de funcionarios interinos se han elaborado según la norma y la práctica de la anterior administración bajo el PSOE y sin que las centrales sindicales se opusieran.

En declaraciones a este periódico, el responsable de Justicia de la Junta afirma que “somos legalistas y hemos aplicado lo que nos decían los técnicos” pero “por supuesto que lo modificaremos si el criterio del juez es diferente” en respuesta a los aspirantes que han anunciado recursos judiciales por haber quedado fuera de las listas de reserva.



Según los opositores excluidos, las listas de reserva para los cuerpos de gestión procesal y tramitación procesal dejaron fuera a los candidatos que no habían superado “los dos primeros ejercicios” de la última Oferta de Empleo Público, pese a que la convocatoria preveía incluir en el listado a quienes tuviesen aprobado “alguno de los ejercicios”.

Rodríguez Sierra afirma que  la Resolución de julio de 2018 sobre la entrada en funcionamiento de las listas de reserva establece que sus integrantes se ordenarán en orden descendente según la puntuación y “debe haberse aprobado la totalidad del examen, aunque éste conste de  dos partes”. Las pruebas del primer día se celebran por separado y se denominan “examen 1” y “examen 2”.

La Junta aplicó el mismo criterio de anteriores convocatorias bajo gobierno del PSOE, que no fue contestado por ninguno de los sindicatos en la mesa sectorial. Por eso Rodríguez Sierra afirma que “se cometería una injusticia con quienes ahora están en el listado si somos más laxos en el criterio”.

Listas propias aportan rapidez en la sustitución y personas formadas

Destaca además que a Justicia le interesa tener listas de reserva lo más amplias posible y con candidatos que, al haber preparado una oposición, tienen una mínima formación jurídica.

En ocasiones anteriores se criticó que los funcionarios de Justicia interinos salían de las listas del Servicio de Empleo Estatal (SEPE), con lo cual se había dado el caso de cocineros o peluqueras destinados a un juzgado.

Con listas de reserva propias “el proceso para cubrir una baja es mucho más rápido”, pues podría solucionarse en 15 días, y la media en el SEPE son dos meses y medio, dice el responsable de la Junta.

Añade que “ahora los jueces y Letrados de la Administración de Justicia nos están felicitando por el nivel de los interinos que están llegando”. Además los sindicatos presentes en la mesa sectorial no impugnaron los criterios aplicados sobre las listas de interinos y de reserva, “que estaban en su poder desde el minuto cero”. Solo en la última mesa sectorial, del pasado lunes, STAJ pidió que se admitieran los recursos de los candidatos excluidos.

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