La Audiencia Provincial critica por primera vez los excesos del juez en el caso Begoña Gómez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un severo toque de atención al juez Juan Carlos Peinado, quien inició en abril del año anterior una investigación sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. En un fallo reciente, la sala ha revocado los registros que Peinado había autorizado en las propiedades del empresario Juan Carlos Barrabés, calificándolos de desmedidos. Además, ha enfatizado que «no se puede alcanzar la verdad a cualquier coste».

En su resolución, la Audiencia Provincial subraya que no todos los métodos son válidos en busca de la verdad, sino que solo aquellos que estén en línea con la defensa de los derechos fundamentales. De esta forma, recuerda al juez la necesidad de respetar la «dignidad y la intimidad» de Barrabés, reconociendo que, a pesar de su condición de imputado, cualquier registro debe ejecutarse «dentro de los límites establecidos por la ley».

La Sección 23 de la Audiencia ha anulado un auto emitido el 22 de agosto de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en respuesta a las peticiones tanto de la defensa del empresario como de la Fiscalía. En su momento, el Ministerio Público había criticado el «escarnio público» que la actuación del juez había causado al allanar las propiedades de Barrabés.

Entre las observaciones más significativas de la sala, se destaca la crítica al instructor por no justificar la «urgencia» de llevar a cabo esos registros, especialmente cuando el investigado estaba hospitalizado, tal como lo demuestran los informes médicos presentados ante el juzgado.

Juan Carlos Barrabés es uno de los cuatro imputados en la investigación liderada por Peinado, que también incluye a Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, así como al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero de los gobiernos madrileños, Juan José Güemes, que actualmente ejerce como directivo en el IE.

La decisión de la Audiencia Provincial pone de relieve la importancia de respetar los derechos de los implicados en procesos judiciales y deja claro que las acciones de los jueces deben alinearse con las garantías constitucionales. Este episodio destaca la complejidad de casos en los que se entrelazan la política y el derecho, así como los cuidados que deben tenerse a la hora de llevar a cabo investigaciones que pueden tener repercusiones tanto en la vida personal como profesional de los involucrados.

La resolución ha generado un amplio debate sobre cómo se llevan a cabo las investigaciones en casos de relevancia pública y sobre el equilibrio que debe existir entre la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. A medida que se desarrollen los próximos pasos en este caso, la atención estará centrada en cómo se gestionarán las futuras diligencias y qué implicaciones tendrán para los demandados y el sistema judicial.

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