La Guardia Civil se creó por real decreto de 28 de marzo de 1844, siendo reformado por otro de fecha 13 de mayo siguiente, en el que quedó firmemente asentada su naturaleza militar. Conforme a este último, comenzaría a desarrollar su organización, iniciándose el reclutamiento, adiestramiento y despliegue de sus primeros efectivos por toda la geografía nacional. Había nacido la que actualmente es la decana de las Fuerzas de Seguridad del Estado español y la que cuenta con el mayor número de efectivos y más amplio despliegue territorial.

Sin embargo, para su máximo responsable, el mariscal de campo y II duque de Ahumada, Francisco Javier Girón Ezpeleta, era prioritario y fundamental dotarla de un conjunto de normas que recogieran los principios y valores morales por los que habría de regirse.



Dictadas inicialmente unas circulares, procedió a redactar el mejor código deontológico que nunca haya tenido una institución de seguridad pública: la “Cartilla del Guardia Civil”. Guía de modelo, dentro y fuera de España, fue aprobada, hoy hace 175 años, por real orden del Ministerio de la Guerra, de 20 de diciembre de 1845.

Conforme se establecía en el artículo 1º del mentado real decreto de 13 de mayo de 1844, la Guardia Civil quedaba sujeta, al “Ministerio de la Guerra por lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus haberes, y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimiento”.

Por real decreto del Ministerio de Gobernación, de 9 de octubre siguiente, se aprobó su “Reglamento de Servicio”, disponiéndose en su artículo 1º que el Cuerpo tenía por objeto, la conservación del orden público; la protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones; así como el auxilio que reclamase la ejecución de las leyes.

Tan solo seis días después se aprobó también mediante real decreto, esta vez del Ministerio de la Guerra, su “Reglamento Militar”. Si bien eran de aplicación a la Guardia Civil, las Ordenanzas Generales del Ejército, aprobadas en 1768 por Carlos III, se hacía necesario establecer algunas reglas particulares como consecuencia de su singular organización y su peculiar servicio.

Apenas habían transcurrido cinco meses desde su creación y el nuevo Cuerpo ya contaba con una organización, una estructura, una plantilla, un reglamento de servicio y un reglamento militar. Sin embargo, le faltaba lo más importante: un código deontológico que fijase las reglas éticas por las que debían regirse sus miembros.

El duque de Ahumada era plenamente consciente de la importancia de ello, razón por la cual su redacción constituyó una de sus máximas prioridades. Por tal motivo se dedicó personalmente a dicha tarea, tanto en su despacho de Madrid como inspector general del benemérito Instituto como durante sus estancias en la hacienda familiar de “El Rosalejo”, sita en la localidad gaditana de Villamartín.

Varias habían sido ya las instituciones de seguridad pública que habían precedido al nuevo Cuerpo, pero todas habían desaparecido, con mayor o menor gloria. La última fue lo que quedaba de la Policía General del Reino, creada por real cédula de 8 de enero de 1824 durante el régimen absolutista de Fernando VII y abolida por real decreto de 2 de noviembre de 1840.

 Sin entrar a valorar los diversos factores y complejas razones que motivaron la desaparición de las anteriores instituciones, lo cierto es que el duque de Ahumada tenía perfectamente claro que la honestidad y moralidad de todos y cada uno de los que componían el nuevo Cuerpo, constituían un pilar fundamental para el prestigio y la perdurabilidad de la Institución.

Es por ello que el 16 de enero de 1845 dictó una circular cuyo trascendental contenido constituyó la firme cimentación sobre la que se elaboraría la “Cartilla del Guardia Civil”. La obligación de la cadena de mando no sólo debía ser recto ejemplo sino también velar por su más estricto cumplimiento.

Dicha circular comenzaba afirmando que la fuerza principal del Cuerpo había de consistir primero en la buena conducta de todos los individuos que lo componían. Un repaso a la hemeroteca, para consultar la prensa de la época anterior a la creación de la Guardia Civil, hace fácilmente entendible la importancia de la conducta ejemplar de quienes tenían la misión de velar por la ley y el orden.

Para ello precisaba seguidamente que los principios generales que debían guiarla eran la disciplina y la severa ejecución de las leyes. El “Guardia Civil”, y lo escribía con mayúsculas siempre que se refería a él, pues con ello englobaba todos los empleos, debía saber atemperar el rigor de sus funciones, “con la buena crianza, siempre conciliable con ellas”, pues de ese modo se ganaría la estimación y consideración pública. Es decir, el respeto de aquellos a los que tenía la obligación de velar para que cumplieran las leyes pero a los que también tenía que proteger.

Frente a la posibilidad de que el protegido tuviera más temor de su supuesto protector que de quien pudiera dañarlo, el duque de Ahumada preconizaba pedagógicamente que el Guardia Civil solo debía resultar temible a los malhechores y los únicos que debían temerlo eran los enemigos del orden, pero nunca las personas de bien.

Para ello, y con el fin de granjearse el aprecio y el respeto público, el Guardia Civil debía constituir un modelo de moralidad, siendo el primero en dar ejemplo del cumplimiento de las leyes y del orden, ya que era el encargado de hacerlas cumplir y mantenerlo, respectivamente. Debía ser prudente sin debilidad, firme sin violencia y político sin bajeza. Imposible definirlo mejor con menos palabras.

Como muy bien apuntaba el duque de Ahumada, los enemigos del orden de cualquier especie, temerían más a un Guardia Civil que estuviera sereno en el peligro, fuera fiel a su deber y actuara siempre dueño de su cabeza, es decir, con sentido común. Quien desempeñase sus funciones con dignidad, decencia y firmeza obtendría muchos mejores resultados que aquél que con amenazas y malas palabras solo conseguiría malquistarse con todos.

Finalmente, tras afrontar otras cuestiones que eran también de sumo interés, afrontaba la trascendental cuestión de la preparación profesional que debía tener el Guardia Civil para ejercer y cumplir eficazmente las misiones encomendadas.

Aprobación por Isabel II

Concluida su redacción definitiva el duque de Ahumada lo elevó el 13 de diciembre de 1845 para su definitiva aprobación por Isabel II, “si así fuere de su real agrado”, lo cual se concedió una semana después, denominándose oficialmente la “Cartilla del Guardia Civil”.

Su texto, estructurado en tres partes, comenzaba en el capítulo primero con las “Prevenciones generales para la obligación del Guardia Civil”, integrado a su vez por 35 artículos. Desde el primero de ellos se denotaba el verdadero credo de la Institución: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”. Por supuesto impregnado del carácter benemérito, debiendo ser “pronóstico feliz para el afligido”.

Hoy, 175 años después, los principios éticos de la “Cartilla” continúan plenamente vigentes.

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