La controversial enmienda de Puigdemont: delitos según organismos internacionales.

La enmienda para salvar a Puigdemont: terrorismo según la UE, traición según la ONU y malversación con enriquecimiento

La nueva ley orgánica de amnistía abarca los actos relacionados con la consulta en Cataluña en noviembre de 2014 y el referéndum de octubre de 2017, que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Esta amnistía cubre no solo la organización y realización de las consultas, sino también otros hechos preparatorios o conexos, así como la asistencia y colaboración con los responsables. El objetivo principal de esta ley es resolver las tensiones políticas y sociales que han persistido en Cataluña y el resto de España.

Se establece que los actos amnistiados deben haber ocurrido entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023, abarcando tanto la consulta como cualquier acción relacionada con el proceso independentista. Esta amnistía busca garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho y promover la estabilidad económica y el progreso cultural y social en Cataluña y en toda España.

La ley también excluye ciertos actos de la amnistía, como aquellos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, actos de terrorismo, tortura, tratos inhumanos o degradantes, delitos de traición y delitos contra la paz, así como actos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Se establece un marco legal sólido para proteger los derechos fundamentales, en cumplimiento con los estándares internacionales y las recomendaciones de organismos como la Comisión de Venecia.

En cuanto a los efectos de la amnistía, se determina que no dará derecho a indemnizaciones ni a la restitución de multas, excepto en casos muy específicos y siempre que se cumplan criterios de proporcionalidad. La ley se organiza en tres títulos y tres disposiciones finales, estableciendo competencias claras para la aplicación de la amnistía y describiendo el procedimiento necesario para solicitarla.

En resumen, esta ley de amnistía pretende superar las tensiones políticas y sociales en Cataluña, garantizar la convivencia en el Estado de Derecho y cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, todo ello en un contexto de estabilidad económica y progreso social.

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