Alberto González Amador, quien es el compañero de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado una querella oficial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en contra de los dos fiscales que lo acusan de presunto fraude fiscal y falsificación de documentos mercantiles. Este empresario está llevando a cabo acciones legales contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el miembro de la sección de delitos económicos de este organismo, Julián Salto, quien fue el encargado de presentar la denuncia en su contra.

En su querella, González Amador solicita al TSJM que inicie un proceso judicial contra ambos fiscales, en calidad de aforados, por un delito de revelación de secretos, que está castigado con pena de cárcel. Esto se debe a que, según la defensa de González Amador, se filtró información confidencial en un comunicado publicado el 14 de marzo, donde se revelaban los términos de un acuerdo extrajudicial para resolver los hechos a cambio de retirar la denuncia por fraude fiscal.

El magistrado encargado de analizar la querella será el presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, quien deberá enviarla a la Fiscalía Superior de Madrid, dirigida por Almudena Lastra, para que emita su opinión sobre la posible implicación penal de los hechos descritos en el escrito. Aunque la Fiscalía podría no ver indicios de delito al tratarse de sus colegas, el magistrado podría decidir investigar los hechos sin el respaldo del Ministerio Público.

González Amador argumenta que los fiscales acusados conocieron el contenido de las comunicaciones confidenciales entre el fiscal y el abogado debido a sus cargos, y al revelarlo en el comunicado del 14 de marzo, cometieron revelación de secretos. Sin embargo, se ha aclarado que dicho comunicado se emitió para desmentir una información publicada por El Mundo, que sugería que fue el fiscal Salto y no el abogado defensor quien propuso el acuerdo y que este último finalmente lo retiró por órdenes superiores.

El conflicto legal de González Amador con la Fiscalía continua, ya que se espera que declare el próximo 20 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, junto con otras personas imputadas por el presunto fraude fiscal y falsificación documental. Además, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha anunciado que presentará una querella en los próximos días en apoyo al empresario, por la divulgación de información confidencial en un comunicado oficial.

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