No se ha cumplido todavía un mes de la firma del nuevo acuerdo de Presupuestos entre el Gobierno y Vox y ya está en marcha una de las medidas incluidas en el pacto. La Junta habilitará a partir de la semana próxima el teléfono 900 100 112 para atender a las víctimas de las ocupaciones de vivienda y propiciar el desalojo de los ocupantes de manera inmediata. La puesta de largo de la iniciativa se ha celebrado este jueves en el Palacio de San Telmo, con presencia de los tres consejeros competencias en la materia, Juan Marín, Elías Bendodo y Marifrán Carazo, titulares de Justicia, Interior y Fomento.
Los datos de la Administración andaluza revelan que se han producido unas 1.500 ocupaciones de viviendas en lo que va de 2020, lo que puede suponer una media de seis ocupaciones diarias, según a explicado el vicepresidente Juan Marín tras la constitución del Grupo de Trabajo Antiocupación, integrado por las mencionadas consejerías.
Marín ha recordado además que la constitución de este organismo responde a una petición del Parlamento de Andalucía que fue apoyada por PP, Ciudadanos y Vox y que contó con la oposición de Adelante Andalucía y la abstención del PSOE. Además, figura en el mencionado pacto de los Presupuestos de 2021, que se aprobarán en la Cámara la tercera semana de septiembre. Ya había medidas similares en el acuerdo firmado en noviembre de 2019, pero no se impulsaron y esa tardanza –junto al retraso en otros compromisos– provocó que Vox volviera a amenazar con tumbar las cuentas. Un acuerdo en el último minuto volvió a dar oxígeno a la Junta,
El nuevo teléfono antiocupación estará conectado con las ocho delegaciones provinciales de la Junta, desde donde se facilitará asesoramiento jurídico y acompañamiento en colaboración con los Colegios de Abogados y las Fuerzas de Seguridad para facilitar los desalojos “de forma inmediata” ya se hayan producido en viviendas habituales o en segundas residencias.
El vicepresidente, que ha calificado la iniciativa de “buena noticia para todos los andaluces”, ha asegurado que el nuevo Grupo Antiocupación trata de ser “un muro de contención” contra las ocupaciones de viviendas y de “transmitir seguridad” a los ciudadanos ante el creciente número de casos. Para Marín, las ocupaciones de viviendas “se han convertido en una lacra que no se puede permitir en pleno siglo XXI”, y añadió que en muchos casos quienes acometen las ocupaciones están asesorados por “mafias” que, también en casos, pretenden cobrar por restituir el uso de las viviendas a sus legítimos propietarios.
Las ocupaciones de viviendas en Andalucía “se están produciendo de forma más habitual de lo que quisiéramos desde hace años” y, que ante esos hechos, el Gobierno regional está dispuesto a efectuar “una defensa a ultranza” de la vivienda ante la “preocupación social y familiar” que produce el hecho de que los ciudadanos vean “violados sus derechos de manera habitual, especialmente durante este año 2020”, cuando se han incrementado tanto las ocupaciones como los allanamientos de viviendas.
Este grupo de trabajo está integrado por la Consejería de Fomento a través de la Secretaría General de Vivienda y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía; la de Justicia a través de la Secretaría General para la Justicia;y la de Presidencia a través de la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos.