Llamado conjunto de Andalucía y Canarias para la protección de menores migrantes ante el Estado

Los líderes de las administraciones autonómicas han solicitado un cambio en la normativa vigente que regula la distribución de recursos destinados a la protección de menores. Tanto el presidente de una región como el de otra han expresado la necesidad de modificar la Ley del Menor para garantizar un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas.

Esta petición surge ante la preocupación por las desigualdades existentes en la atención y protección de los menores en situación de vulnerabilidad. Ambos mandatarios consideran que es fundamental garantizar que todos los niños y niñas, independientemente de su lugar de residencia, reciban la misma calidad de servicios y recursos.

La propuesta de modificar la Ley del Menor busca establecer un sistema de reparto más justo y equitativo, que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad autónoma. De esta manera, se pretende garantizar que todos los menores tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, sin importar donde se encuentren.

Los líderes regionales han enfatizado la importancia de trabajar de manera colaborativa y coordinada para lograr una redistribución efectiva de los recursos destinados a la protección de la infancia. Consideran que es responsabilidad de todos garantizar el bienestar y la seguridad de los menores, y que la solidaridad entre las distintas regiones es fundamental para lograr este objetivo.

Además, han destacado la necesidad de establecer mecanismos de control y seguimiento para asegurar que los recursos se utilicen de manera adecuada y eficiente en la protección de los menores. Asimismo, han subrayado la importancia de promover la formación y sensibilización de los profesionales que trabajan con menores en situación de riesgo.

En resumen, la modificación de la Ley del Menor propuesta por los presidentes de las administraciones autonómicas busca garantizar una distribución equitativa de los recursos destinados a la protección de la infancia, con el objetivo de asegurar que todos los menores tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, independientemente de su lugar de residencia. Esta propuesta refleja un compromiso compartido de trabajar en favor del bienestar y la seguridad de los menores, fomentando la solidaridad y la colaboración entre las distintas regiones de España.

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