Málaga sufre las consecuencias de una década sin obras de VPO

La paradoja de los suelos protegidos: desinterés promotor y falta de compromiso gubernamental

A lo largo de los años, se han escuchado voces que advierten sobre la importancia de desarrollar proyectos de viviendas protegidas, que priorizen la calidad de vida y el acceso a la vivienda digna de las personas más vulnerables. Sin embargo, la realidad es que estos proyectos siguen siendo una rarity en el panorama urbanístico, y la responsabilidad principal recae en la desinterés de las promotoras inmobiliarias y la falta de compromiso de las administraciones públicas.

La imagen es alarmante: según estadísticas, en 2020 solo se construyeron 34.000 viviendas protegidas en todo el país, un número que no cubre ni siquiera la mitad de la demanda existente. La situación es aún más grave en aquellas zonas donde la pobreza y la exclusión social son más acuciantes. En estos contextos, la falta de viviendas protegidas se convierte en un obstáculo insuperable para que las personas puedan acceder a una vivienda digna y segura.

Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué las promotoras no se mueven para desarrollar proyectos de viviendas protegidas? La respuesta es simple: falta de interés económico. Los proyectos de viviendas protegidas no son tan rentables como los de lucro, ya que los precios están limitados y los beneficios son menores. Además, las promotoras deben soportar costos adicionales, como la construcción de espacios comunitarios y la implementación de programas sociales.

Por otro lado, las administraciones públicas también tienen una importante responsabilidad en este asunto. A pesar de tener la capacidad para implementar políticas que fomenten la construcción de viviendas protegidas, no han ejecutado proyectos que suplan el desinterés de las promotoras. La falta de compromiso se traduce en la ausencia de políticas claras y sostenibles que garanticen la implementación de estos proyectos.

Es hora de que las administraciones públicas y las promotoras se unan para encontrar soluciones que beneficien a la sociedad. Los proyectos de viviendas protegidas no solo son un derecho fundamental, sino que también tienen un impacto positivo en la economía y la sociedad. Es hora de que se promuevan políticas que fomenten la construcción de viviendas protegidas y se reduzcan las brechas sociales y económicas que dividen a la sociedad.

En conclusión, la paradoja de los suelos protegidos es un problema complejo que requiere un enfoque integral. Es necesario que las promotoras y las administraciones públicas se comprometan a encontrar soluciones que beneficien a la sociedad.Solo entonces podremos decir que hemos avanzado hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todos tengan acceso a una vivienda digna y segura.

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