El Gobierno municipal de Marbella está evaluando los daños causados por la decisión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de cancelar el fraccionamiento de la deuda que el Ayuntamiento mantenía con ellos desde los casos de corrupción de la ‘operación Malaya’. Tras la sentencia favorable del Tribunal Supremo (TS) que respalda al Ayuntamiento, ahora están a la espera del procedimiento pendiente con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el cual, según la concejala de la Asesoría Jurídica, sigue la misma línea.

El conflicto se remonta a 2018 cuando el Ayuntamiento recibió un cheque de 12 millones de euros de la venta de bienes confiscados a los condenados por corrupción. A pesar de que el Ayuntamiento decidió destinar ese dinero a servicios públicos municipales, Hacienda y la Seguridad Social exigieron el pago total de la deuda, que ascendía a 260 millones de euros en ese momento. Seis años después, el TS determinó que no tenía competencia para tomar esa decisión.

Una de las consecuencias de esta decisión es la pérdida de fondos para el Ayuntamiento, ya que al aparecer como moroso, no puede acceder a ciertas ayudas. Además, el Ayuntamiento tuvo dificultades para realizar los pagos fraccionados debido a la suspensión de los cobros por parte de Hacienda. A pesar de que se logró solucionar con medidas cautelares, hubo un impacto en las subvenciones.

El Ayuntamiento de Marbella sigue luchando por recuperar el patrimonio expoliado durante la época de GIL, con la esperanza de recibir unos 10 millones de euros en el presupuesto de 2024. Tras la ‘operación Malaya’, la deuda de Marbella superó los 700 millones de euros, una cifra difícil de precisar debido a las obligaciones de pago en curso.

En cuanto a la deuda actual del Ayuntamiento, a principios de 2024 asciende a 133,7 millones de euros con la Seguridad Social y 35,9 millones con Hacienda, mientras que en 2012 era de 88,9 millones y 187,8 millones respectivamente. El Ayuntamiento sigue enfrentando diversos litigios para recuperar todo el patrimonio perdido durante los escándalos de corrupción, demostrando su compromiso con la transparencia y la responsabilidad financiera.

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