Solicitud de evaluación por parte del PSOE sobre la tensión residencial en Marbella.

Los miembros del Partido Socialista en Marbella planean llevar a cabo una propuesta en el próximo pleno para exigir a la Junta de Andalucía que realice un estudio detallado para determinar si Marbella y San Pedro Alcántara cumplen con los requisitos para ser consideradas zonas residenciales tensionadas. En caso de que se confirme esta situación, la propuesta incluye la aplicación del índice de precios de referencia contemplado en la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno el año pasado.

Isabel Pérez, la portavoz del PSOE, ha solicitado que se examine el coste de compra o alquiler de viviendas en los últimos cinco años, así como la carga hipotecaria y si los gastos de alquiler superan el 30% de los ingresos medios de los hogares. Además, se enfatiza la necesidad de considerar otros indicadores y variables cruciales que puedan identificar la escasez de oferta de vivienda para los ciudadanos.

Según Pérez, tanto Marbella como San Pedro Alcántara están experimentando una crisis significativa en cuanto al acceso a la vivienda. La aprobación de la Ley de Vivienda el año pasado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo principal facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible.

La mencionada ley establece diversos mecanismos, incluido el concepto de zonas tensionadas de mercado, donde las comunidades autónomas pueden declarar estas áreas residenciales como tensionadas. En estas zonas designadas, los arrendadores que reduzcan un 5% el alquiler con respecto al contrato anterior recibirán beneficios fiscales de hasta un 90%. También se destaca que habrá una deducción del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en estas zonas tensionadas, y un 60% si se han realizado mejoras en el inmueble.

En resumen, la propuesta de los socialistas de Marbella busca abordar la crisis de acceso a la vivienda en la zona a través de la aplicación de medidas concretas contempladas en la Ley de Vivienda, con el objetivo de garantizar un acceso más justo y asequible a una vivienda digna para todos los ciudadanos.

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