La noticia del día es que la Ley Celaá permitirá también a las comunidades imponer lenguas no oficiales en perjuicio del español y que el Gobierno ataca la enseñanza concertada pero Sánchez y 13 de sus 22 ministros no estudiaron en la pública. Por otro lado, Dolores Delgado tendrá poder para decidir qué información se filtra de los procesos judiciales y podrá elegir a dedo a los fiscales instructores de cada caso. Otro tema destacado es que han atacado el bar del hombre al que Iglesias pide 14 años de cárcel por protestar frente a su casoplón. La crisis migratoria en Canarias también es una noticia principal. Hoy conocemos que la Policía expulsa de Arguineguín a 10 inmigrantes con antecedentes penales en sus países.
La Ley Celaá permitirá también a las comunidades imponer lenguas no oficiales en perjuicio del español
La polémica Ley Celaá, que vendrá a sustituir a la actual ley educativa, plantea un panorama incierto para la enseñanza en español. Además de la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC para suprimir el carácter vehicular de la lengua común, se abre también la puerta a que los gobiernos autonómicos puedan imponer lenguas que no tienen ni siquiera la consideración de oficial.
El Gobierno ataca la enseñanza concertada pero Sánchez y 13 de sus 22 ministros no estudiaron en la pública
El Gobierno socialcomunista ha logrado imponer finalmente, y por una ajustadísima mayoría parlamentaria (177 votos a favor), la nueva ley educativa, popularmente conocida como Ley Celaá. La reforma llega precedida por la polémica. Además de liquidar la consideración del español como lengua vehicular, la nueva ley supone también un ataque a la educación concertada, ya que contempla que estos centros no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones.
Dolores Delgado tendrá poder para decidir qué información se filtra de los procesos judiciales
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -adelantada por OKDIARIO hace una semana- da a la Fiscalía General de Dolores Delgado un inmenso control de la información sobre los procesos penales. El objetivo final debe ser el de limitar esa información a «lo esencial». A lo mínimo. Pero lo cierto es que será ese organismo -en manos de la ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez- el que tenga la última palabra en determinar qué es «esencial».
Dolores Delgado podrá elegir a dedo a los fiscales instructores de cada caso
La reforma de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), la actual data de 1882, ha llegado con polémica. Como ya hiciera el ex ministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón, el actual titular de la cartera, Juan Carlos Campo, ha anunciado que la instrucción de las causas pasará a manos de los fiscales, y no de los jueces como sucede ahora. El problema estriba en que si Campo sólo reforma la LeCrim, pero no el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el nombramiento a dedo de fiscales por parte del fiscal general del Estado, los diferentes gobiernos podrán hacerse una Justicia ad hoc, y la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, podría elegir a dedo los fiscales de cada caso.
Atacan el bar del hombre para el que Iglesias pide 14 años de cárcel por protestar frente a su ‘casoplón’
Podemitas afines a Pablo Iglesias han atacado el bar de Miguel Frontera, un vecino de Galapagar para quien el vicepresidente del Gobierno pide 14 años de cárcel por manifestarse frente a su casoplón. Iglesias le señaló públicamente cuando anunció que se había querellado contra él por protestar ante su chalet por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Adeptos al líder de los morados atacan ahora el negocio de este autónomo: han pintado la fachada con banderas republicanas y han colocado carteles acusándole de acosar a niños.
La Policía expulsa de Arguineguín a inmigrantes con antecedentes penales en sus países
Personas con gravísimos antecedentes penales han sido ya detectadas a tiempo entre los inmigrantes ilegales de Arguineguín y expulsadas de España con la prohibición expresa de pisar territorio Schengen, según ha podido saber OKDIARIO.