El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 462.508 españoles desde que el Gobierno central lo puso en marcha a finales de mayo, cuando la primera ola de la pandemia iba camino de su remisión. Uno de cada tres beneficarios de esta prestación es andaluz, concretamente 154.477, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El porcentaje de ayudas que ha llegado a Andalucía respecto al total estatal, el 33,4%, es decir casi el doble del peso poblacional de la comunidad dentro del país. Pero también es bastante superior que la estimación realizada por la Asociacion Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que predijo en mayo que el porcentaje de beneficarios andaluces sería el 25,59%.
No es una sorpresa que la mayor parte de las prestaciones del IMV estén llegando a la comunidad que tiene el segundo PIB por habitante más bajo del país, con 19.633 euros en 2019, casi 7.000 euros menos que la media estatal. No habrá datos sobre este año hasta dentro de varios meses, pero entidades como el Defensor del Pueblo andaluz, Save the Children o Unicef llevan meses alertando de los efectos que tendrá la crisis del Covid en términos sociales, sobre todo para aquellos que ya pasaban por una situación de vulnerabilidad antes del estallido de la pandemia y para los menores que viven en familias en riesgo de exclusión.
El Ingreso Mínimo Vital venía a paliar parte de esta crisis con ayudas que van desde los 461 euros para un hogar unipersonal a los 1.015 para una familia de dos adultos y dos menores. Y aunque ha llegado a casi medio millón de personas se ha encontrado con varios obstáculos por el camino. Uno de ellos es el aluvión de peticiones, lo que ha provocado que muchas de las solicitudes no contaran con todos los requisitos necesarios.
En declaraciones a este medio, un cargo de la Seguridad Social en Sevilla aclara esta situación frente a las críticas por la lentitud en la gestión, aunque explica que se han eliminado algunos condicionantes y ha habido un refuerzo de las plantillas para agilizar la revisión y concesión de estas prestaciones. “Nos llevamos trabajo a casa y, ante la falta compañeros formados para esta ayuda, se pidieron voluntarios”, insiste esta fuente, que admite que la mayoría de los peticionarios no están acostumbrados a relacionarse con la Administración Pública –a lo que hay que sumar las complicaciones provocadas por la pandemia– y muchos sólo presentan un escrito con su solicitud, cuando sólo son imprescindibles el DNI, el libro de familia y el certificado de empadronamiento. “Con estos datos, se pueden iniciar e incluso resolver muchas de las peticiones”, apunta este trabajador, que también reconoce la dificultad para acceder a datos municipales y que muchos de los solicitantes tienen ingresos superiores para recibir la ayuda, lo que retrasa la tramitación de los que sí tienen derecho.
Las modificaciones del IMV para 2021
En este contexto hay que tener en cuenta que ha habido alguna discrepancia entre el ministerio que dirige José Luis Escrivá, controlado por el PSOE, y la Vicepresidencia de Servicios Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias. Uno de los motivos principales por el cual se han denegado las solicitudes es que para concederlas se toman los datos de ingresos de 2019, es decir, que no se tiene en cuenta la depresión provocada por la pandemia. Para acabar con este problema, Unidas Podemos ha negociado con el Ministerio de Inclusión para incluir en los Presupuestos Generales de 2021 una modificación que tenga en cuenta los ingresos de los tres meses previos a la petición de la ayuda. “El objetivo es dar respuesta a las situaciones de pobreza sobrevenida a la que se enfrentan muchas familias”, defiende la diputada Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía desde el pasado junio.
La gestión y concesión del IMV también se ha visto entorpecida por las dificultades de muchos de los potenciales beneficiarios a presentar la solicitud y toda la documentación necesaria. Para ello, Unidas Podemos y el ministerio de Escrivá han acordado que los trabajadores de servicios sociales estén facultados para acreditar algunos de los requisitos exigidos. Podrán comprobar por sí mismos que las personas que viven solas llevan dos años emancipados –hasta ahora se pedían tres años– o el año de antigüedad de convivencia en el caso de las familias.
“A nadie se le niega el derecho a recibir la ayuda porque no tiene la documentación necesaria”, apunta Velarde. El resto de enmiendas incluidas en los Presupuestos que se tramitan ahora en el Senado contemplan que los trabajadores sociales puedan acreditar dónde vive una persona sin hogar, “el colectivo que sufre la exclusión en mayor medida”, puedan recibir la subvención aunque no estén empadronados en un domicilio.
A la maraña normativa estatal del IMV hay que sumar la dificultad que se ha encontrado esta prestación para convivir con la renta mínima de inserción autonómica.El Gobierno andaluz está inmerso en la adaptación de esta ayuda para que sirva para complementar la estatal, como han hecho en Canarias o la Comunidad Valenciana. “La Junta ha decidido aparcar la renta mínima y meter palos en las ruedas”, critica la diputada de Unidas Podemos, que acusa al Ejecutivo regional de gestionar estas prestaciones con“dogmas ideológicos”.