La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado la decisión de fortalecer la jurisdicción penal como una medida de apoyo para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate, en Cádiz. Esta medida implica la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut con el objetivo de agilizar el proceso de las macrocausas que se están investigando en estos juzgados, especialmente el caso de la muerte de dos guardias civiles a causa de un incidente con una narcolancha el pasado 9 de febrero.
El refuerzo propuesto por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en febrero ha sido respaldado por el Servicio de Inspección del CGPJ tras un estudio detallado sobre la situación en los partidos judiciales de Cádiz y Huelva más afectados por el narcotráfico. Durante la reunión en la Audiencia Provincial de Cádiz, los vocales del CGPJ presentaron las conclusiones de este informe, destacando la sobrecarga de trabajo tanto en asuntos civiles como penales en Barbate, La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, y Ayamonte y Moguer en Huelva.
Según los datos recopilados por la Inspección, en todos estos partidos judiciales la carga de trabajo supera los estándares establecidos por el CGPJ, con excepción de Barbate en 2023 con un 96,4% de carga. La carga media global ha sido de un 139% en 2022 y un 134,2% en 2023, lo que destaca la necesidad de refuerzos para hacer frente a la alta demanda de casos relacionados con el narcotráfico en la región.
Este refuerzo incluye la autorización económica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y está programado inicialmente por un plazo de seis meses, con posibilidad de renovación. La adscripción de la jueza sustituta es una medida clave para garantizar la eficiencia en la administración de justicia en estos juzgados tan impactados por el narcotráfico en Andalucía.