El Ministerio Público ha determinado que se produjo un daño a los fondos públicos durante la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, así como en la acción exterior del Govern. En consecuencia, ha iniciado acciones legales contra 34 ex altos cargos, incluyendo a personas como Junqueras y Mas.
El informe elaborado por el Ministerio Público detalla que se han encontrado indicios de malversación de fondos públicos en relación con la celebración del referéndum separatista en Cataluña. Se señala específicamente que se utilizaron recursos del erario público para llevar a cabo un proceso que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Además, se ha detectado que también se utilizaron fondos públicos para promover la acción exterior del Govern en favor de la independencia de Cataluña. Esto ha llevado a la determinación de que ha habido un perjuicio económico para las arcas públicas, lo cual es considerado un delito de malversación.
En este sentido, se ha decidido dirigir la acción judicial contra 34 ex altos cargos, incluyendo a algunas personalidades destacadas de la política catalana como Oriol Junqueras y Artur Mas. Se les acusa de haber participado en la organización y promoción del referéndum ilegal, así como en el uso indebido de fondos públicos para tal fin.
El Ministerio Público sostiene que es necesario esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes, con el objetivo de garantizar el respeto a la legalidad y la protección de los fondos públicos. Por tanto, se ha iniciado un proceso judicial para investigar a fondo este caso y determinar las posibles sanciones que correspondan.
En conclusión, el informe del Ministerio Público apunta a la existencia de un menoscabo de fondos públicos en la organización del referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern, lo cual ha llevado a la acción legal contra 34 ex altos cargos. Es necesario garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, así como el respeto a la legalidad vigente.