La mañana del jueves, la Policía Judicial llevó a cabo una inspección en la sede del Servicio Canario de la Salud en Las Palmas de Gran Canaria, por orden de la Fiscalía Europea. El objetivo de esta acción era recabar correos, documentos y archivos digitales relacionados con el exdirector Conrado Domínguez y la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, en el marco de las investigaciones del caso Mascarillas.
La investigación se centraba en el contrato suscrito entre el Servicio Canario de la Salud y la empresa RR7 United, que recibió un pago de 4 millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas. Como resultado, el Gobierno canario no pudo recuperar el dinero invertido en este contrato.
El pedido de registro de correos se remonta a 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas presentó una querella relacionada con el caso Mascarillas. Tras una primera etapa de instrucción en el Juzgado número 7 de la capital grancanaria, la causa fue remitida a la Fiscalía Europea por la posible implicación de fondos comunitarios en el caso.
El exdirector Conrado Domínguez optó por no declarar en su comparecencia ante la Fiscalía Europea el pasado lunes, alegando que su defensa aún no había tenido acceso a todas las pruebas recopiladas en la investigación.
Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre en relación con el manejo de fondos públicos en la gestión de contratos y adquisición de suministros sanitarios en Canarias. La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos fundamentales en la gestión de recursos públicos, y este caso representa un desafío en este sentido.
Esperemos que la investigación en curso arroje luz sobre las circunstancias que rodean este contrato en particular y contribuya a esclarecer cualquier posible irregularidad en la gestión de fondos públicos en el ámbito sanitario de la región. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y el control en el uso adecuado de los recursos públicos para garantizar la integridad y la eficacia de las instituciones públicas.