Hasta el año 2017, este individuo se desempeñó como mano derecha de Junqueras, líder de ERC, y también negoció en representación de este partido con el PSOE. Sin embargo, su carrera política se vio empañada cuando fue procesado por delitos de malversación y prevaricación en relación con la organización del referéndum catalán del 1 de octubre de ese mismo año.
Estos cargos son sumamente graves, ya que implican el uso indebido de fondos públicos y el abuso de poder en el ejercicio de la función pública. La malversación se refiere al desvío de recursos económicos destinados a un fin específico hacia otro distinto, mientras que la prevaricación implica la toma de decisiones arbitrarias y contrarias a la ley por parte de un funcionario.
En el caso del referéndum catalán, la organización de esta consulta implicaba un gasto considerable para la Generalitat de Catalunya, que debía ser administrado de manera transparente y legal. Sin embargo, las acusaciones contra este individuo apuntan a posibles irregularidades en la gestión de esos recursos, lo que constituiría un delito de malversación.
Además, se le acusa de haber cometido prevaricación en su papel como negociador entre ERC y el PSOE, al haber tomado decisiones contrarias a la ley o de manera injusta en beneficio propio o de su partido. Este tipo de conductas minan la confianza en las instituciones democráticas y socavan la legitimidad de los representantes políticos.
Es importante recordar que en un estado de derecho como el nuestro, nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos, incluidos los políticos, deben rendir cuentas por sus actos. La corrupción y el abuso de poder son males que socavan la democracia y el estado de derecho, por lo que es fundamental que los responsables sean investigados y juzgados de acuerdo con la ley.
En definitiva, la situación de este individuo pone de manifiesto la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las normas democráticas en la vida política. El buen gobierno y la ética pública son fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las instituciones democráticas.