La Asociación de Fiscales sostiene de manera categórica que la amnistía es una medida inaceptable debido a que implica perdonar delitos de corrupción y terrorismo. Esta postura se fundamenta en la idea de que la impunidad no es un camino adecuado para combatir la criminalidad y la violencia en una sociedad democrática.
La amnistía, al otorgar el perdón a personas que han cometido delitos graves como la corrupción y el terrorismo, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía y debilita la confianza en el sistema de justicia. Al no aplicar las sanciones correspondientes a quienes han vulnerado la ley, se fomenta la impunidad y se daña la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la legalidad.
Además, la amnistía puede ser percibida como una medida de protección a los poderosos y a los grupos de interés que han cometido actos ilícitos en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Esto genera un clima de desigualdad ante la ley y alimenta la sensación de que existen dos pesos y dos medidas en función del estatus social y económico de los infractores.
Por otra parte, la amnistía puede tener efectos negativos en la lucha contra la corrupción y el terrorismo, al desincentivar la denuncia de los delitos y la colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Al crear un marco de impunidad, se dificulta la prevención y el castigo de estas conductas, lo cual puede perpetuar la vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En este sentido, la Asociación de Fiscales aboga por una política de justicia penal que fortalezca la transparencia, la accountability y el imperio de la ley como pilares fundamentales para combatir la corrupción y el terrorismo. Es necesario garantizar que los responsables de estos delitos sean investigados, juzgados y sancionados de acuerdo con las normas y los procedimientos establecidos en un Estado de derecho.
En definitiva, la amnistía no es una opción viable para resolver los problemas de corrupción y terrorismo en una sociedad democrática. Por el contrario, su aplicación puede tener efectos contraproducentes en la lucha contra la impunidad y la violación de los derechos humanos. Es fundamental promover una cultura de legalidad y justicia que sitúe a la ley por encima de cualquier consideración política o de interés particular.