El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado apartar a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo encargados de revisar el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación y determinar si debe continuar en su cargo. Estos magistrados previamente habían señalado que García Ortiz había actuado con “desviación de poder” al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada.
Según fuentes fiscales consultadas, García Ortiz ha presentado un incidente de recusación en el que pide que cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no participen en la revisión del recurso. Estos mismos magistrados recientemente anularon el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ya que se encargan de los asuntos relacionados con personal y derechos fundamentales.
En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será la ‘Sala 61’ la encargada de pronunciarse sobre la petición presentada por García Ortiz. Esta Sala Especial cuenta con 15 magistrados de distintas Salas del Tribunal Supremo.
El recurso presentado por la APIF en febrero contra la renovación de García Ortiz se basa en la consideración de que el fiscal no es idóneo para desempeñar sus funciones como jefe de todos los fiscales de España, debido a sus actuaciones desde que fue designado en 2022. La asociación destacó la anulación del nombramiento de Delgado y señaló que García Ortiz impidió al Consejo Fiscal elaborar un informe solicitado por el Senado sobre una proposición de ley de amnistía.
Además, la APIF resaltó que el Consejo General del Poder Judicial se opuso a la renovación de García Ortiz al no considerarlo adecuado para el cargo, a pesar de que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal requiere que el candidato a fiscal general sea un jurista de reconocido prestigio. La asociación argumentó que la idoneidad de García Ortiz decae al haber sido condenado por el Tribunal Supremo por actuar con desviación de poder en el ejercicio de sus funciones.