El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido procesar a los exmiembros del ‘Comité Ejecutivo’ de ETA, José Javier ArizKuren Ruiz ‘Kantauri’, Miguel Albisu Iriarte ‘Mikel Antza’, María Soledad Iparragire ‘Anboto’ e Ignacio de Gracia Arregi, conocido como «Iñaki de Rentería», por su implicación en el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997.
En un extenso auto de más de cien páginas, el juez les imputa delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía, argumentando que tenían la capacidad de evitar la muerte de Blanco pero decidieron no hacerlo, lo que demuestra su voluntad inequívoca en la consecución del crimen.
El magistrado, siguiendo la llamada “doctrina Miguel Ángel Blanco”, recalca que hay una reinterpretación de la Convención Europea que permite considerar como imprescriptibles varios crímenes terroristas cometidos en España o contra ciudadanos españoles entre 1990 y 2010, incluyendo el caso de Miguel Ángel Blanco.
Las investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido fundamentales en la decisión del juez, quienes confirmaron la posición de liderazgo de los acusados en ETA y su capacidad de detener el asesinato, lo cual no hicieron. Esta negativa a liberar al concejal evidencia su responsabilidad en los eventos.
El magistrado impone una fianza solidaria de dos millones de euros a los procesados para hacer frente a posibles indemnizaciones en caso de condena. Destaca la jerarquía dentro de ETA y la disciplina implacable existente en la organización, donde las órdenes del ‘Comité Ejecutivo’ eran cumplidas sin cuestionamiento.
Se resalta la necesidad de consenso en la toma de decisiones como el secuestro de Miguel Ángel Blanco, siendo una acción planificada y ejecutada por la dirección de ETA en su totalidad. A pesar de los múltiples llamamientos para liberar a Blanco, el ‘Comité Ejecutivo’ no actuó, lo que demuestra su complicidad en el trágico desenlace.
En definitiva, el juez considera que los acusados ejercieron un dominio sobre la organización que los convierte en autores mediatos por su capacidad de mando y control sobre los ejecutores materiales de los crímenes. La decisión de procesarlos se basa en la certeza de su participación activa en el asesinato de Miguel Ángel Blanco.