Según la Audiencia Nacional, se ha demostrado de manera fehaciente que Carlos Salamanca, quien se desempeñó como responsable de seguridad en el aeropuerto durante el periodo comprendido entre 2006 y 2015, recibió regalos y dinero en efectivo a cambio de favorecer a empresarios pertenecientes a la familia Obiang.
El tribunal ha dictaminado que Salamanca, en su posición de autoridad en el aeropuerto, utilizó su influencia para otorgar ventajas a los empresarios vinculados a la familia Obiang a cambio de recibir diferentes tipos de sobornos. Estas dádivas, tanto en especie como en metálico, eran destinadas a asegurar un tratamiento preferencial para los negocios de los implicados en las operaciones llevadas a cabo en el aeropuerto.
Esta conducta corrupta por parte de Salamanca ha sido considerada como un grave delito, ya que puso en riesgo la integridad y la transparencia de las operaciones realizadas en el aeropuerto. Al aceptar sobornos, el acusado comprometió la imparcialidad y la igualdad de oportunidades de los diferentes actores involucrados en el ámbito empresarial del aeropuerto.
La Justicia ha subrayado que el comportamiento de Salamanca constituye una clara vulneración de la ética profesional y de los principios básicos que deben regir en cualquier institución pública. Su participación en prácticas corruptas ha generado un impacto negativo en la reputación y la credibilidad del aeropuerto, así como en la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de velar por el correcto funcionamiento del mismo.
Es fundamental que hechos como los ocurridos en este caso sean debidamente investigados y sancionados, a fin de enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada en ninguna circunstancia. La sociedad merece contar con instituciones transparentes, justas y libres de todo tipo de influencias indebidas que puedan comprometer el interés general.
En conclusión, la Audiencia Nacional ha determinado que Carlos Salamanca, exresponsable de seguridad del aeropuerto, es culpable de aceptar sobornos por parte de empresarios de la familia Obiang con el objetivo de favorecer sus intereses. Este fallo reafirma el compromiso de las autoridades con la lucha contra la corrupción y la defensa de la integridad en el ámbito público.