El comité consultivo del Consejo de Europa ha expresado su opinión sobre la polémica generada en torno a la situación de los delitos relacionados con el proceso independentista en Cataluña. A pesar de que reconocen la posibilidad de borrar los antecedentes del ‘procés’, sugieren que podría ser conveniente regular este tema mediante una enmienda constitucional para garantizar la claridad y la legalidad del proceso.

En este sentido, el comité consultivo destaca la importancia de abordar este asunto de manera transparente y respetuosa con el marco legal vigente. Consideran que una enmienda constitucional podría aportar la seguridad jurídica necesaria para realizar cualquier modificación en relación a los delitos del ‘procés’ sin que esto genere dudas sobre su legalidad.

Asimismo, el comité consultivo del Consejo de Europa subraya que no cuestiona la posibilidad de borrar los antecedentes del ‘procés’, pero considera que es fundamental garantizar que esta acción se realice de acuerdo con los principios democráticos y el Estado de Derecho. De esta forma, se evita cualquier interpretación errónea o controversia sobre la legalidad de las decisiones tomadas en relación a este tema.

En este sentido, la recomendación del comité consultivo del Consejo de Europa busca promover un debate constructivo y enriquecedor sobre la situación de los delitos del ‘procés’ en Cataluña. Su objetivo es contribuir a la búsqueda de soluciones consensuadas y respetuosas con la normativa legal vigente en el marco de una democracia plural y respetuosa con los derechos individuales.

En conclusión, el comité consultivo del Consejo de Europa aboga por regular el asunto de los delitos del ‘procés’ mediante una enmienda constitucional para garantizar la transparencia y legalidad del proceso. Aunque reconocen la posibilidad de borrar estos antecedentes, consideran que es necesario seguir un procedimiento claro y respetuoso con los principios democráticos y el Estado de Derecho. Su objetivo es promover un debate constructivo y encontrar soluciones consensuadas que respeten los derechos y las garantías de todas las partes involucradas en este asunto.

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