El Partido Popular, con su mayoría absoluta, logró bloquear la propuesta socialista de establecer una comisión de investigación en Smassa para abordar las irregularidades reconocidas por la propia empresa en un comunicado de prensa, así como para apartar al gerente, Manolo Díaz. Durante el debate, el representante sindical Manolo Lima destacó las irregularidades en los expedientes de contratación y su solicitud al gerente para abrir una investigación interna, señalando que las injerencias se producían con su presencia.
Uno de los puntos destacados del debate fue la confirmación por parte de la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, de que los sobrecostes en la obra del aparcamiento de Pío Baroja eran del 30% y que nadie los había impugnado. Hernández reconoció la existencia de irregularidades administrativas y se comprometió a corregirlas, asegurando que continuaría investigando y depuraría responsabilidades dentro de la empresa.
El portavoz socialista, Dani Pérez, agradeció el tono y la honestidad de la concejala de Movilidad, pero planteó preguntas sobre la comunicación al alcalde ante las presuntas irregularidades en la empresa. Pérez instó al alcalde a aprobar una comisión de investigación para esclarecer los hechos y proporcionar información a la Policía Nacional.
El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, manifestó su apoyo a la comisión de investigación debido a las dudas existentes en la empresa municipal, criticando el cese injustificado de la jefa de la oficina técnica de Smassa y su presunto acoso laboral.
El alcalde, Paco de la Torre, respaldó a la concejala de Movilidad y expresó su deseo de aclarar las irregularidades. Respecto a si estaba al tanto de la situación, De la Torre explicó que no tenía la información por la mañana, pero sí por la tarde a través de los medios de comunicación.
En resumen, el debate sobre las irregularidades en Smassa y la necesidad de una investigación reveló tensiones y discrepancias entre los diferentes partidos políticos representados en el ayuntamiento. La transparencia y la rendición de cuentas parecen ser aspectos clave en este escenario de presuntas irregularidades administrativas.