El Gobierno andaluz, a través del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, está dispuesto a discutir la posibilidad de implementar una tasa turística en colaboración con los municipios, siempre y cuando exista consenso en el sector turístico. Bernal reconoce las necesidades de los destinos turísticos en términos de servicios públicos y señala la falta de financiación local como un problema estructural que obliga a los ayuntamientos a buscar nuevas formas de ingresos.
El consejero enfatiza la importancia de abordar el tema de la tasa turística desde la cogobernanza, involucrando tanto al sector turístico como a las administraciones. Sin embargo, hace hincapié en la necesidad de un consenso previo en el sector antes de dar paso a cualquier discusión con los ayuntamientos y diputaciones.
Mientras tanto, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, critica la demora del consejero de Turismo en este debate y destaca la necesidad de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, abra el diálogo sobre la tasa turística para lograr un consenso con los diferentes grupos políticos.
En cuanto a la postura del PP-A, su portavoz en el Parlamento andaluz, Toni Martín, rechaza la tasa turística mientras el sector turístico andaluz se oponga a ella. Martín argumenta que el sector turístico es un pilar económico importante en Andalucía y cualquier decisión al respecto debería contar con su respaldo.
La FAMP, representada por su presidente José María Bellido, también se muestra abierta a colaborar con la Junta de Andalucía en la creación de un grupo de trabajo para abordar la posible implementación de la tasa turística en algunos municipios. Bellido reconoce la necesidad de algunos municipios de contar con este impuesto debido a la alta afluencia turística y los costos asociados a la prestación de servicios públicos.
En resumen, el debate sobre la tasa turística en Andalucía continúa, con diferentes actores políticos y del sector turístico expresando sus puntos de vista y buscando un consenso que beneficie a todos los involucrados. La decisión final sobre la implementación de este impuesto dependerá del consenso y la voluntad de las partes interesadas en encontrar soluciones adecuadas para financiar los servicios turísticos locales.